Por: José R. Rivera Rivera

El periódico El Nuevo Día y muchos otros medios “noticiosos” del País, sistemáticamente, mantienen una campaña dirigida a crear una mentalidad de aceptación e impotencia en los jubilados.  Esto, con el propósito de imponernos las medidas que dicta la Junta de Supervisión Fiscal.

Hemos visto como repiten de distintas maneras y bajo distintos titulares, la orden de dicha Junta al gobierno, para recortar hasta un 25% las pensiones.  Muchos de nuestros compañeros han aceptado la “noticia” como un hecho consumado y esperan tranquilamente que le anuncien el momento en que se lo aplicarán a sus pensiones. Otros viven en desasosiego pensando cómo van a sobrevivir, si la pensión que reciben en la actualidad, apenas da para sobrevivir.  Algunos viven en el limbo, sin dar muestras de que les preocupa, como si no se enteraran de lo que está pasando. Otros estamos en el proceso de organizar la defensa de nuestros derechos y nos movilizamos cada vez que se nos convoca para expresar el rechazo al robo de nuestras pensiones.

La Junta de Síndicos de nuestro Sistema de Retiro, con el respaldo de las organizaciones de jubilados y de los empleados activos de la Autoridad, cumplimos nuestra parte en la defensa del mismo. Esta defensa está basada en la siguiente premisa:

Independencia del Sistema de Retiro

El Sistema de Retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica (SRAEE) es una entidad distinta y separada de la AEE constituida como un fideicomiso que le pertenece a los jubilados y empleados activos. A pesar de su carácter público, pues agrupa y beneficia a empleados públicos, el Sistema de Retiro no pertenece a la Autoridad, tampoco está bajo el título III de la Ley Promesa. La personalidad jurídica del SRAEE; independiente y separada de la Autoridad, ha sido reconocida por la ley y los tribunales. Por eso, no es correcto que la AEE pueda disponer del SRAEE y mucho menos, en los procedimientos bajo el título III. A tales efectos, cualquier proyecto de transformación de la AEE tiene que tomar en cuenta el sentir del Sistema de Retiro y proteger los intereses de los empleados activos y los jubilados, pues sus derechos adquiridos requieren garantía bajo las cláusulas del debido proceso de Ley de la Constituciones en Estados Unidos y Puerto Rico.  

El autor representa a los Jubilados en la Junta de Síndicos y en la actualidad, preside la misma.

Por: José R. Rivera Rivera

El Sistema de Retiro de los Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) nació en 1942, con el primer Convenio Colectivo entre la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) y la entonces Autoridad de las Fuentes Fluviales. Una resolución de la junta de gobierno en 1945, creó el sistema y dos años después (1947), llegó el Sistema de Retiro (SDR) del Gobierno estatal.

Los informes Tobin y Arthur D’little bajo Rafael Hernández Colón en 1972, justificaron desmantelar los logros de negociaciones colectivas para las corporaciones públicas del País. En 1973, los Convenios Colectivos vencieron y las demandas de mejoras de trabajo y salario de los sindicatos quedaron bajo la presión del sector privado al gobierno. La UTIER tuvo su primera huelga, 30 años después de su fundación. El gobierno de Carlos Romero Barceló en 1976, convirtió el servicio público en un campo de batalla. Fueron ocho años de lucha y hasta muertes de trabajadores en defensa de los Convenios Colectivos. Ni las dos huelgas y el despido de los “502” hicieron rendir la lucha bajo la consigna ¡Ni un punto, ni una coma!.

Con Hernández Colón de nuevo en 1984, llegó su “Comité Asesor Económico” de banqueros, industriales, contratistas y bufetes poderosos para privatizar las empresas públicas. Su gobierno de ocho años impulsó vender la Telefónica (no prosperó), las navieras y otras corporaciones. También, se abandonó el SDR del Gobierno y de la AEE imponiéndole cargas económicas que iniciaron su debacle.

El Dr. Pedro Roselló González desde 1992, vendió la Telefónica, privatizó los servicios de salud, quebrantó la moral de los SDR y rompió récords de pillaje de fondos públicos y endeudamiento. Bajo Sila M. Calderón y Aníbal Acevedo Vilá entre 1998 y 2008, hubo la considerada “‘década perdida”. La lucha del pueblo contra la venta de la Telefónica, paralizó la privatización y leyes favorables a trabajadores. La suerte de los SDR estaba echada.

La nueva versión del “Comité” de la época de Hernández Colón, se llamó: Consejo Asesor de Reconstrucción Económica y Fiscal (CAREF) y vino con el gobierno de Luis Fortuño, en 2009.  Continuaron las privatizaciones, despidos, eliminación de leyes o conquistas laborales, el endeudamiento y el pillaje. La incapacidad de enfrentar la crisis económica y social por Alejandro García Padilla, acabó en el reconocimiento de una deuda impagable y una situación colonial agravada.

Entonces, para garantizar el pago a nuestra deuda pública de $70 mil millones a los inversionistas (muchos de ellos buitres), el Congreso de EE. UU, nos impuso la “Junta de Control Fiscal” (JFC).  Con la llegada en 2016, del Dr. Ricardo Roselló al poder, sabemos que no hubo plan para pagar la deuda, ni renovar la economía y prepararon uno con las guías que le dio la JCF. El nuevo plan es sencillo: más pobreza al trabajador y más riqueza a los ricos. Apagar los SDR de empleados está en la oferta. Quedan dos de cinco, el de Universidad de Puerto Rico y AEE, que apagarán como la canción de moda: ¡Despacito!.

Su progreso comenzó con la ley 223 del 23 de agosto de 2016, que eliminó los SDR y creó una junta para contratar y supervisar las inversiones de cuentas de ahorro individual de los empleados que no recibirán aportaciones del patrono. Continuó, el 29 de abril con la “Ley de Cumplimiento de Plan Fiscal” (Ley 26-2017). Ley que promueve igualar y uniformar los beneficios marginales de todo empleado público hasta que pase la crisis. Y adicional, la Ley 8-2017, instituyó al Gobierno Central y sus dependencias como empleador único. El ciclo cerró con la Ley 106-2017, que transfirió haberes de los SDR al Fondo General y estableció el método “Pay as you go”, en las pensiones del jubilado actual, mientras el Fondo General lo sostenga.

La AEE, se negó a discutir el futuro de nuestro SDR con la Junta de Síndicos. Sin embargo, la noticia publicada en febrero de 2017 por El Nuevo Día, abordó un borrador que sometió la AEE a la JCF. Sea usted el juez. Nos queda defender lo nuestro unidos en una sola dirección.

El autor representa a los Jubilados en la Junta de Síndicos y en la actualidad, preside la misma.