NotiCel – 7 de febrero de 2026
[OPINIÓN] Por años la Junta de Control Fiscal (JCF) se ha nutrido de exfuncionarios de gobierno, familiares de políticos y afiliados a partidos políticos para realizar los trabajos encomendados por la ley Promesa. Del mismo modo, la JCF ha contratado bufetes de abogados locales que cabildean en el gobierno a favor de clientes privados para asegurar contratación y negocios a nivel gubernamental.
Una fuente de Noticel aseguró que, “La influencia de cabilderos, de entidades del sector privado y asociaciones profesionales es brutal,…-parece como si la Junta está al servicio de intereses privados”.
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