Lee la columna de opinión de Luis Raúl Torres Cruz
Luis Raúl Torres Cruz La Voz de la Razón 08/05/2025
Mientras los apagones siguen golpeando sin piedad a miles de puertorriqueños, los bonistas objetores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) han encendido las alarmas responsabilizando a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) por la debacle del sistema eléctrico. Alegan que mantener a la AEE bajo el proceso de quiebra, sin reestructurar su deuda ni liberar los fondos necesarios para operar, es un factor determinante en la crisis actual. Y, con razón, señalan que ni siquiera hay dinero para pagar los gastos del propio proceso de quiebra.
La ironía es palpable, mientras la JSF alega falta de fondos, el Negociado de Energía ha aprobado un presupuesto consolidado para el año fiscal 2025 que supera los $1,300 millones en gastos no federales, incluyendo $159 millones para cubrir los honorarios de LUMA Energy y Genera PR. A esto se suma un presupuesto federal aprobado de más de $5,000 millones para trabajos de recuperación y modernización de la infraestructura eléctrica, entre ellos los $9,500 millones asignados por FEMA, de los cuales apenas se han utilizado alrededor de $2,000 millones.
¿Dónde está el sentido común? ¿Cómo puede justificarse el argumento de la JSF de que no hay recursos suficientes mientras se autorizan sumas multimillonarias para empresas privadas, gastos operacionales, bufetes de abogados y asesores?
Los bonistas reclaman que la AEE tiene una reclamación judicial válida de $8,500 millones que debe resolverse y que su propuesta para salir de la quiebra sigue viva. Pero mientras tanto, la inacción y el estancamiento mantienen paralizada la transformación energética del País. La jueza Taylor Swain ya advirtió que si no se avanza, el colapso financiero de la AEE podría repercutir en todo el sistema.
Aquí no se trata de defender a los bonistas, sino de evidenciar un desbalance grave en el manejo del presupuesto y las prioridades del sistema energético. Si se están autorizando más de $300 millones solo en gastos operacionales para las plantas generatrices y cientos de millones más para mantenimiento y operación de redes, resulta cuestionable que no haya un plan concreto y transparente para saldar las obligaciones sin aumentar la tarifa eléctrica.
Porque el otro golpe en la mesa viene por ahí: cada vez que se alega que no hay dinero, se recurre a la vía fácil y abusiva de cargarle el costo al consumidor, EL PUEBLO. El mismo pueblo que sufre los apagones, que paga caro por un servicio mediocre y que observa cómo se dilapidan fondos o se estancan proyectos vitales. ¿Cuántas veces más vamos a permitir que esta historia se repita?
Ya es hora de resolver con voluntad y transparencia el problema del pago de la deuda, evitando que se convierta en un pretexto eterno para justificar más aumentos y más inestabilidad. Solo resolviendo ese escollo será posible avanzar con firmeza hacia una verdadera modernización del sistema y evitar un colapso mayor.
La falta de ejecución eficiente, la mala supervisión y la desconexión entre las agencias federales, la JSF, el gobierno y las empresas privadas operadoras están llevando al País por un camino de alta tensión, no solo energética, sino económica y social.
Puerto Rico necesita energía confiable, accesible y justa. Y eso solo será posible si se alinean los recursos existentes, se distribuyen con sensatez, se detiene el despilfarro y se pone como prioridad al consumidor, no al contratista, al bonista ni al burócrata.
La solución no está tan lejos como nos quieren hacer creer. Pero sí requiere algo que ha escaseado en los últimos años: voluntad, fiscalización real y compromiso con el pueblo.
