La demanda no simplemente vuelve al Supremo, sino que vuelve con el peso persuasivo de las adjudicaciones que Swain tuvo que hacer cuando LUMA le pidió auxilio.
Por Oscar J. Serrano / Oct 28, 2025
En la apuesta por usar el caso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para detener los avances del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), el operador privado de la red eléctrica, LUMA Energy, pudo haber perdido más de lo que pensaba que podía perder.
La jueza Laura Taylor Swain no solo sacó de su sala y envió a los tribunales locales la demanda del DACO contra el operador, sino que también hizo algunas expresiones sobre la capacidad del gobierno de Puerto Rico para moverse a cancelar ese contrato de operación.
La validez del contrato, o la capacidad del gobierno para buscar su cancelación, no están planteados directamente en la demanda que sometió DACO para revocar la inmunidad que el Negociado de Energía (NE) concedió al operador y con la que no tienen que responder por daños en su ejecución del contrato, tales como enseres dañados por fluctuaciones de voltaje y apagones.
Pero LUMA, en su intento por conseguir que la jueza asumiera jurisdicción sobre la demanda y la considerara una violación a la paralización de pleitos que rige mientras dure la quiebra de la AEE, hizo argumentos expansivos sobre lo que entendía que estaba detrás de la demanda de DACO.