Por Ey Boricua
En OPINIÓN – 30 de diciembre de 2025
La controversia sobre la nulidad del contrato suplementario de LUMA expone la amenaza de un régimen fiscal que impone su voluntad por encima del derecho puertorriqueño
Por Dr. Rolando Emmanuelli Jiménez
Abogado y Profesor de Derecho
La demanda de nulidad de la extensión del contrato suplementario de LUMA Energy no es una controversia contractual ordinaria. Tampoco es un simple choque entre el gobierno de Puerto Rico y una empresa privada.
Se trata de un caso que expone, con una claridad inquietante, hasta dónde está dispuesta a llegar la Junta de Supervisión Fiscal para imponer su poder por encima del derecho vigente en Puerto Rico. Aquí no está en juego solo un contrato, sino la vigencia misma del Código Civil y la capacidad del gobierno de Puerto Rico para hacer cumplir la ley.
En noviembre de 2022 se suscribió una extensión del contrato suplementario mediante el cual LUMA Energy opera el sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica. Esa extensión alteró términos esenciales del acuerdo original y, según alegan tanto la Gobernadora de Puerto Rico como la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, se firmó sin cumplir con los requisitos que exige el ordenamiento jurídico. No se obtuvieron las autorizaciones necesarias de los organismos competentes ni se observaron las formalidades que la ley impone para este tipo de contratos públicos. Por esa razón, el gobierno acudió al tribunal solicitando que se declarara nula dicha extensión.