El descalabro operacional, fiscal y administrativo de las pasadas dos décadas ha dejado al país sin una vía para contar con un servicio eléctrico confiable y asequible
28 de febrero de 2026 – Por Manuel Guillama Capella
La caída de la otrora todopoderosa Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), ahogada en una deuda impagable y sin capacidad de proveer un servicio estable y asequible a más de tres millones de puertorriqueños, sirve, quizás, como el ejemplo más evidente del descalabro fiscal y económico en que ha estado enfrascado el país a lo largo de las pasadas dos décadas, en medio de una recesión maquillada recientemente por el influjo sin precedentes de fondos federales.
El creciente agujero fiscal que se exacerbó desde finales de la primera década del nuevo siglo, con emisiones de bonos que superaron los $8,000 millones en apenas ocho años, sin que se produjeran mayores avances en la infraestructura de generación, transmisión y distribución eléctrica, dejó a la AEE incapaz de responder a las necesidades continuas de un sistema ya envejecido, de repagar a los acreedores y de cumplir con obligaciones tales como financiar su Sistema de Retiro.
A esa tormenta perfecta, se sumaron las consiguientes medidas de austeridad impulsadas, inicialmente, por la oficial de reestructuración Lisa Donahue, una especie de síndico designada por los bonistas, y, más adelante, por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), escenario en que el huracán María atrapó a Puerto Rico, desastre que, para el sistema energético, representó el puntillazo final a una extensa cadena de desaciertos.