El Tribunal Federal tendrá que definir, en primer lugar, si retiene jurisdicción o la devuelve a los foros estatales, como busca el gobierno
17 de febrero de 2026 – Por Manuel Guillama Capella
Para el gobierno de Puerto Rico, incluso si se decretase la nulidad del contrato de LUMA Energy, el consorcio estaría obligado –por las disposiciones del propio acuerdo– a continuar manejando el sistema de transmisión y distribución eléctrica, rechazando así las advertencias de “caos” que la empresa y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) han levantado ante el Tribunal Federal.
“LUMA tiene una obligación contractual de asegurar una transición adecuada para la operación del sistema de T&D (transmisión y distribución) que no se extinguirá por una orden que anule la carta de extensión”, resumió el alegato sometido el lunes al Tribunal Federal, con el que quedaron sometidos ante la jueza Laura Taylor Swain las argumentaciones de las partes en torno a si las respectivas demandas radicadas por el gobierno de Jenniffer González y la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) deben atenderse en ese foro o en la esfera estatal.