El ente planteó que, de sostenerse los alegatos gubernamentales, podrían invalidarse todos los eventos luego de la extensión del pacto en 2022
13 de enero de 2026 – Por Manuel Guillama Capella
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) alertó que la anulación del contrato de LUMA Energy podría tener como resultado cancelar, igualmente, “todos los actos post-extensión”, en referencia a los eventos posteriores al 30 de noviembre de 2022, cuando se suscribió el acuerdo que extendió la vigencia del pacto suplementario del consorcio hasta que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) deje atrás su bancarrota.
El mismo día que el gobierno de Jenniffer González y la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) solicitaron a la jueza federal Laura Taylor Swain devolver a los tribunales estatales las dos demandas que buscan declarar nula la extensión de 2022, la JSF afirmó su derecho a intervenir en el pleito en el marco del Título III de la ley Promesa.