El gobierno y Genera PR todavía no dicen qué han hecho para fiscalizar a New Fortress Energy por el gas que no entregaron durante la crisis por la navegación de su barcaza en la bahía.
Por Oscar J. Serrano / Oct 27, 2025
Estar en quiebra, retirar un cargamento de gas como ficha de negociación, tener una orden judicial que les impidió entregar gas por haber reducido medidas de seguridad para su entrada a la bahía de San Juan y querer cobrarle a la isla $20,000 millones bajo un contrato que casi inmediatamente bajaron a cerca de la mitad no evitó que la semana pasada el gobierno de Puerto Rico profundizara su relación pública con New Fortress Energy (NFE) y su subsidiaria, Genera PR.
Mientras la relación del gobierno con el operador privado de la red eléctrica, LUMA Energy, está reducida a lo que la gobernadora Jenniffer González Colón llamó una “pelea estéril de cartas”, la mandataria realizó dos actividades públicas con Genera PR y se alineó con estos para atacar al Negociado de Energía (NE).
Genera PR es una de las piezas con las que NFE controla la generación de electricidad en la isla. A través de ese frente tienen un contrato para operar las plantas termoeléctricas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), con NFEnergía LLC tienen contrato para suplir gas natural y, como NFE, tienen un contrato para controlar la única instalación para desembarco de gas natural en toda la costa norte. Las finanzas de NFE dependen cada vez más de sus negocios aquí. De hecho, el mercado financiero está a la expectativa de que la empresa tenga que recurrir a la protección de la Ley de Quiebras.