Por primera vez, el grupo tenedor de la mayoría de los bonos de la corporación pública quiere impugnar ante el tribunal las cantidades que el ente fiscal paga a su asesor, McKinsey.
Por: Oscar J. Serrano / Feb 17, 2025
El día después de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) certificó un plan fiscal para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que cambia las bases de negociación con los acreedores de la corporación pública, un grupo mayoritario de estos pidió al tribunal de quiebras ejercer su facultad de impugnar los pagos que se le hacen al consultor de la AEE, la empresa McKinsey & Company.
La moción que sometieron a la jueza Laura Taylor Swain los tenedores del 61% de los bonos de la autoridad pide que se les reconozca su facultad de impugnar los pagos, actuales y pasados, que se han hecho a McKinsey en el marco de la quiebra de la corporación pública. Este periodo de extendería hasta 14 días después de que se resuelva el caso o de que se levante la protección de litigios de acreedores. Esto último sería su la jueza desestima la quiebra por imposibilidad de resolverla mediante acuerdo entre las partes o mediante la aprobación de un plan de ajuste de deuda.
La jueza concedió hasta el 21 de febrero para que las partes se expresen sobre la solicitud de GoldenTree Asset Management LP, Assured Guaranty Inc., Syncora Guarantee, Inc., National Public Finance Guarantee Corporation y el Grupo Ad Hoc de la AEE, este último un conglomerado de bonistas de la corporación pública.
Una representante de los bonistas y aseguradoras que suscribieron la moción indicó que era la primera vez que se movían para impugnar los honorarios de McKinsey. Como regla general, las facturas de honorarios las revisa un examinador que puede recomendarle a la jueza cambios o reducciones en los pagos. También como regla general, los honorarios están sujetos a aumentos automáticos anuales.
La petición surgió un día después de que la Junta certificara un plan fiscal en el que plantea que el repago de la deuda no puede salir de la tarifa que pagan los abonados porque el dinero de tarifas se tiene que usar completo en el mantenimiento y mejoramiento de la red eléctrica. Esto no significa que los residentes de la isla no pagan la deuda, sino que el gobierno de Puerto Rico tendría que hacer un ejercicio de prioridades e identificar alguna otra fuente de fondos públicos con la cual pagar la deuda. Además, la exposición de necesidad financiera de la red eléctrica apunta a que los abonados de todos modos tendrán un aumento en la tarifa para sufragar ese mantenimiento e inversión en el sistema.