Reclaman el derecho a retener el ingreso neto generado por la AEE
Pedro Menéndez Sanabria, EL VOCERO 14/04/2025
Los bonistas que se oponen a la confirmación del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) solicitaron al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) que les permita intervenir en el proceso de revisión de la tarifa del servicio eléctrico que realiza el ente local.
En su reclamo, los grupos representados por las firmas GoldenTree Asset Management, Assured Guaranty, Syncora Guarantee y la National Public Finance Guarantee Corporation destacaron que tienen derecho de retención del ingreso neto generado por la corporación pública -presente, pasado y a futuro- por lo que se ven afectados directa y adversamente en la medida que las tarifas que cobra la AEE no puedan cubrir el servicio de deuda.
Según los bonistas, el NEPR está obligado a aprobar una tarifa que le permita recuperar todos sus gastos financieros por lo que es necesario que dentro de la evaluación tarifaria se considere información concerniente al repago de su deuda.
“Ya algunos participantes de la evaluación tarifaria han traído a colación el asunto sobre cómo se deben calcular y manejar las obligaciones de bonos de la AEE para propósitos de determinar los ingresos requeridos”, reza la solicitud en la que se destaca que consultores del Negociado invitaron a los bonistas a someter escritos en dos ocasiones, el 17 de enero y el 13 de marzo.
En el escrito, los abogados de los opositores al PAD mencionaron que no esperan que la AEE o los operadores privados de los componentes de la red eléctrica, LUMA Energy y Genera PR, aboguen por los intereses de los bonistas.
“Mientras que los bonistas preferirían alcanzar un acuerdo justo y razonable con la AEE (y creen que han presentado esa oferta), la junta fiscal y la AEE parecen determinados a continuar litigando (sobre la deuda). No se puede esperar que LUMA y Genera representen los intereses de los bonistas adecuadamente, ya que son entidades privadas cuyo interés comercial es maximizar sus ganancias”, argumentó el grupo.
Los bonistas fueron más allá al plantear al Negociado que LUMA y Genera si priorizarían sus respectivos intereses financieros sobre el servicio a la deuda.
A manera de ejemplo, se mencionó que en una vista técnica efectuada el 10 de enero del 2025, LUMA abogó por la implementación de medidas propuestas por la Junta de Control Fiscal en el PAD que quedó invalidado por la decisión del Primer Circuito de Apelaciones de Boston sobre el derecho de los bonistas sobre los ingresos netos de la corporación pública.
Ya algunos participantes de la evaluación tarifaria han traído a colación el asunto sobre cómo se deben calcular y manejar las obligaciones de bonos de la AEE para propósitos de determinar los ingresos requeridos.
Solicitud de bonistas ante el NEPR
La revisión tarifaria del NEPR comenzó en junio del 2023, sin embargo, el proceso fue paralizado en abril del 2024 ante la expectativa de la confirmación del PAD que incluía entre sus propuestas la imposición de un cargo heredado para el repago del dinero adeudado a bonistas.
No fue hasta diciembre de 2024 que se retomaron las discusiones preliminares con las “partes relevantes” con relación a los requerimientos de información y el Negociado emitió varias órdenes estableciendo fechas límites y trámites.
“La intervención de los bonistas no atrasará la revisión de tarifa o ampliará de manera excesiva el alcance de los asuntos ya que el Negociado, sus consultores y otros participantes han traído a colación las obligaciones de bonos de la AEE, por lo que esto ya está bajo consideración”, sostuvo la representación legal de los opositores al PAD.
Mientras tanto, continúa el proceso de la quiebra de la AEE en la sala de la jueza Laura Taylor Swain, quien hace poco más de una semana accedió a extender hasta el primero de octubre la vigencia del nombramiento de la jueza retirada Shelley C. Chapman como principal mediadora en la negociación entre las partes interesadas. La jueza tomó la determinación tras una moción urgente presentada por la junta fiscal, bajo el argumento de que hay una “verdadera necesidad de urgencia” tras establecer comunicaciones de buena fe con el resto de las partes en un esfuerzo por resolver o reducir las controversias que se encuentran ante la corte.
