Junta fiscal propone se añada cargo suplementario que promedia sobre ocho centavos kilovatio-hora
Pedro Menéndez Sanabria, EL VOCERO 06/05/2025
Economistas, abogados y líderes empresariales coincidieron en que acceder a la exigencia de los grupos de bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para que el Negociado de Energía (NEPR) incluya el repago de la totalidad de la deuda de la corporación pública dentro del ajuste tarifario conllevaría el colapso total de la economía de la Isla.
“Llevamos ya dos años encadenando meses consecutivos de aumentos en las quiebras y uno de los factores más importantes para las quiebras comerciales es el costo de la energía, por lo tanto, un aumento de 25 a 30% de la factura -que en realidad representa un incremento de ocho centavos por kilovatio-hora- sería fatal para los pequeños y medianos negocios”, comentó a EL VOCERO el economista Heriberto Martínez Otero, quien recordó que para enero del 2025, se registraron 452 quiebras, lo que representa un aumento del 21.2% en comparación con 2024.
En una respuesta emitida el 21 de enero, a preguntas realizadas por consultores del NEPR, como parte de la revisión tarifaria, los grupos de bonistas que se oponen a la confirmación del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) de la AEE propuesto por la Junta de Control Fiscal (JCF) indicaron que será necesario recaudar $926 millones anuales para cubrir los $12,166 millones que se les adeuda (más intereses) durante medio siglo.
Según la JCF, “esto haría necesario que el Negociado de Energía añadiera un cargo suplementario que promedia sobre ocho centavos por kilovatio-hora y que se aplicaría durante 50 años”.
Por su parte, el presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), Ramón Barquín III, advirtió que “si los bonistas siguen presionando se darán cuenta de que no hay capacidad de pago y, por lo tanto, llevarán a la autoridad y el resto del País a una nueva quiebra. Las entidades que revisan las tarifas deben tomar el nivel de elasticidad en la demanda (energética) versus la capacidad de la economía local de absorber los aumentos”.
El líder empresarial advirtió que la posibilidad de un incremento tarifario, sumado a la inestabilidad de la red eléctrica, ha llevado a sectores a desconectarse del sistema, disminuyendo los ingresos de la AEE.
De manera similar se expresó el abogado experto en quiebras, Rolando Emanuelli Jiménez, quien advirtió que la incertidumbre sobre el costo futuro por el servicio eléctrico ya podría estar pasando factura a la economía de Puerto Rico.
“Toda esta incertidumbre no solo detiene o desacelera la inversión, sino que los comercios y las industrias ya comienzan a tomar medidas preventivas reduciendo compras y personal, aun cuando no haya llegado el aumento como tal debido a que tienen que anticipar el impacto que esto tendrá en su operación”, sostuvo el letrado.
Mientras que el expresidente de la Comisión cameral de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía, Luis Raúl Torres Cruz, recalcó que además del impacto económico, el financiar el servicio de la deuda de la AEE por medio de un aumento en la tarifa afectará diversos renglones de la sociedad.
“Esto impactaría duramente a las familias trabajadoras, los pequeños comerciantes, los hospitales, las iglesias, las escuelas públicas y privadas y las industrias locales que ya enfrentan márgenes de operación estrechos”, destacó el exlegislador.
Torres Cruz añadió que tanto la junta fiscal como la jueza Laura Taylor Swain “deben entender que no se puede cobrar una deuda impagable con un modelo tarifario insostenible”.
