Empleados y jubilados de la AEE realizan caravana para pedirle al gobierno que cancele el contrato con LUMA Energy

El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, Ángel Figueroa Jaramillo, declaró que el gobernador Pedro Pierluisi “no va a tener otra opción que revisar el contrato y anularlo”
La UTIER ha convocado varias manifestaciones contra LUMA. En la imagen, una realizada en julio. (David Villafane/Staff)

Como parte de una ofensiva en rechazo al contrato otorgado a la empresa LUMA Energy para la operación de la transmisión y distribución de la electricidad en el país, empleados y jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se lanzaron hoy a la calle en una masiva caravana que recorrió varios sectores de San Juan hasta llegar a El Capitolio.

“Esto va a seguir creciendo y no tengo la menor duda que el gobernador (Pedro Pierluisi) no va a tener otra opción que revisar el contrato y anularlo”, sostuvo el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo.

La caravana –convocada por la Alianza de los Empleados de la AEE_-partió de los predios del centro comercial Plaza Las Américas, recorriendo varias de las principales avenidas de Hato Rey hasta llegar al edificio Seaborne, donde ubican las oficinas de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). El recorrido continuó por la avenida Ponce De León y culminó en El Capitolio, escenario donde se gestaron los estatutos que viabilizaron el acuerdo.

“Lo que ellos (los legisladores) aprobaron no fue lo que se le llevó al país. Se le dijo al país que iba a haber libre competencia, no hay libre competencia; que iba a reducir los costos y a la único que LUMA se ha comprometido es a no aumentarlos en tres años, lo que presupone que después del cuarto año va a haber aumento y dijeron que iba a respetar los derechos de los trabajadores y el convenio y no se ha hecho”, ejemplificó Figueroa Jaramillo.

En una entrevista con El Nuevo DíaWayne Stensby, presidente y principal oficial ejecutivo de LUMA Energy, dijo que no reconoce las uniones energéticas existentes, aunque alegó estar abierto a la posibilidad de que los trabajadores que pasen a laborar con LUMA Energy busquen su propia representación sindical.

“Creo que la entrevista que salió pública hoy demuestra claramente que las preguntas claves el funcionario de LUMA no las quiso contestar. ¿Qué riesgo asume LUMA? No la quiso contestar. ¿Qué inversión hace LUMA? No la quiso contestar. Son elementos importantes y sobre todo el reconocimiento de que son compañías matrices las que van a subcontratar para hacer los trabajos. Ahí hay un claro conflicto de interés”, señaló el líder obrero.

Se supone que LUMA Energy comience a operar la red eléctrica el 1 de junio. En los tres meses que faltan, tendrán que reclutar a casi 4,000 empleados, adiestrarlos y asegurar la funcionalidad del sistema. Sobre el reclutamiento de trabajadores, están decidiendo, uno a uno, cuáles empleados de la AEE, del universo de solicitantes, entrarán a la plantilla.

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Críticas al empleador único

El gobierno apuesta al mecanismo de empleador único para asegurarle el empleo a los trabajadores que no sean contratados por LUMA Energy, pero Figueroa Jaramillo reafirmó que -contrario a la apreciación que ha querido exponer el gobierno públicamente- ese modelo no resuelve el problema. “Aquí hay gente muy experta en lo que es la industria eléctrica y moverlos a otro lugar lo que estaríamos haciendo es doble nómina, estaríamos aumentando los costos, lo que el país va a tener que pagar por no atender eficientemente este contrato”, afirmó.

Figueroa Jaramillo reconoce que la AEE necesita una transformación, pero no bajo los parámetros que se estipulan en el millonario acuerdo.

Reafirmó que, para la transformación de la corporación pública, primero, hay que ejecutar los pasos que ha definido el Negociado de Energía. Segundo, hay que ser más agresivos en el modelo de fuentes renovables y, tercero, hay que designar un Inspector General Independiente del Sector Privado (IPSIG) para monitorear el desembolso de fondos federales.

La presión pública, la discusión pública, las vistas que se están dando, el gobernador no va a tener otra opción que revaluar este contrato. Está aislado políticamente”, sostuvo al señalar que se ha reunido con legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) que reconocen que la intención legislativa de salvaguardar los derechos adquiridos de los unionados no está garantizada en el contrato.

Ralphie Dominicci, tesorero y síndico del sistema de retiro de la Autoridad, subrayó que el llamado al gobernador es “que el contrato se cancela, ya sea través de una enmienda o porque el contrato no favorece a la AEE y menos al pueblo”.

Sostuvo que la mayor preocupación de los trabajadores activos es perder su empleo si renuncian a la corporación pública para pertenecer a LUMA Energy. Mientras, la inquietud de los jubilados es una posible insolvencia del sistema de retiro.